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LEGITIMACIÓN DE CAPITALES 
CONOCIDA EN OTRAS JURISDICCIONES COMO 
LAVADO DE DINERO, LAVADO DE ACTIVOS O BLANQUEO DE CAPITALES

Es el proceso mediante el cual una organización delictiva, un delincuente, intenta esconder o disimular el origen de los fondos provenientes de una actividad ilícita, para hacerlos aparentar que provienen de una fuente lícita.
La Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT)  de la República Bolivariana de Venezuela tipifica como delito el mencionado proceso en su artículo 35, cuando establece:
"Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive, directa o indirectamente, de actividades ilícitas, será castigado con prisión de diez a quince años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido.
La misma pena se aplicará a quien por sí o por interpuesta persona realice las actividades siguientes:
1. La conversión, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes, capitales, haberes, beneficios o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tales delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones.
2. El ocultamiento o encubrimiento de la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad u otro derecho de bienes.
3. La adquisición, posesión o la utilización de bienes producto de algún delito previsto en esta Ley.
4. El resguardo, inversión, transformación, custodia o administración de bienes o capitales provenientes de actividades ilícitas.
Los capitales, bienes o haberes objeto del delito de legitimación de capitales serán decomisados o confiscados según el origen ilícito de los mismos.”
Asimismo, en el artículo 36 tipifica el delito de “Legitimación de Capitales” por negligencia, Imprudencia, Impericia, al establecer:
Cuando el delito previsto en el artículo 36 de esta Ley se cometa por negligencia, imprudencia, impericia de la ley por parte de los empleados o directivos de los sujetos obligados contemplados en el artículo 9 de esta Ley, la pena será de tres a seis años de prisión”.
La Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, además de la Legitimación de Capitales,  tipifica como delito los siguientes:
•Asociación
•Trafico Ilícito de Armas
•Fabricación Ilícita de armas
•Manipulación genética ilícita
•Trata de Personas
•Inmigración Ilícita y Tráfico Ilegal de Personas
•Tráfico Ilegal  de Órganos
•Sicariato
•Obstrucción a la Administración de Justicia
• Pornografía
• Difusión de material Pornográfico
•Utilización de niños, niñas o adolescentes en la pornografía
•Elaboración de material pornográfico infantil
•Obstrucción de la libertad de comercio
•Fabricación ilícita de monedas o títulos de crédito publico
•Terrorismo
• Financiamiento al Terrorismo
De los Delitos Contra el Tráfico y Comercio Ilícito de Recursos o Materiales Estratégicos y de los Metales o Piedras Preciosa.
• Trafico y Comercio ilícito de Recursos o materiales Estratégicos
 
Los Sujetos Obligados establecidos en la norma son:
Se consideran sujetos obligados de conformidad con esta Ley, los siguientes:
1.- Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector bancario.
2.- Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector asegurador.
3.- Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector valores.
4.- Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector de bingos y casinos.
5.- Los hoteles, empresas y centros de turismo autorizados a realizar operaciones de cambio de divisas.
6.- Las fundaciones, asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro.
7.- Las organizaciones con fines políticos, los grupos de electores, agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas y de las personas que se postulen por iniciativa propia para cargos de elección popular.
8.- Oficinas subalternas de registros públicos y notarias públicas.
9.-Los abogados, abogadas, administradores, administradoras, economistas y contadores o contadoras en el libre ejercicio de la profesión, cuando éstos o éstas lleven a cabo transacciones para un cliente con respecto a las siguientes actividades:
a.- Compraventa de bienes inmuebles;
b.- Administración del dinero, valores y otros activos del cliente;
c.- Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores;
d.- Organización de aportes para la creación, operación o administración de compañías;
e.- Creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas y compra y venta de entidades comerciales.
10.- Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad económica sea:
A.- Compraventa de bienes raíces;
b.- Construcción de edificaciones (centros comerciales, viviendas, oficinas, entre otros);
c.- comercio de metales y piedras preciosas;
d.- comercio de objetos de arte o arqueología;
e.- marina mercante;
f.- servicios de arrendamiento y custodia de cajas de seguridad, transporte de valores y de transferencia o envío de fondos;
g.- servicio de asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes, cualquiera sea su residencia o nacionalidad;
h.- las empresas de compra y venta de naves, aeronaves y vehículos automotores terrestres;
i.- los establecimientos destinados a la compra y venta de repuestos y vehículos usados;
j.- los establecimientos destinados a la compra, venta, comercialización y servicios de teléfonos celulares nuevos y usados.

La categoría de sujeto obligado podrá extenderse mediante ley o decreto, a otros actores a cuyos fines se establecerán las obligaciones, cargas y deberes que resulten pertinentes a su actividad económica y se determinará el órgano de control, supervisión, fiscalización y vigilancia respectiva.



Leyes, resoluciones y providencias vigentes en Venezuela

(clic sobre el documento para poder visualizarlo)

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